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La nueva administración tiene el firme compromiso de mantener como base la política fiscal recaudatoria y ello implicará no imponer nuevos impuestos a productos y servicios, sin embargo, la cantidad de dinero que está recibiendo no le es suficiente para subsanar los costos y gastos corrientes que cada vez son mayores con los programas de ayuda que se otorgan a diversos grupos de la población.

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El Presidente López mencionó en diversos discursos proselitistas que no aumentaría impuestos porque lo que se tenía que hacer era “eliminar la corrupción” y así todo el dinero que ingresa al Erario sería suficiente para pagar todo lo que el gobierno está obligado a proveer al pueblo y quedaría recurso de sobra para pagar la deuda externa e inclusive se podrían incluir programas de apoyo a la población sin aumentar un solo impuesto, lo cual no ha sucedido, para ello podemos pensar que tal vez sea porque la corrupción no era el principal problema, o tal vez no se ha erradicado y solo cambió de destino el dinero, en cualquier caso (incluyendo tu propia teoría), la recaudación es insuficiente y al gobierno le urge obtener recursos de donde sea, por lo que la revisión del esquema fiscal es minuciosamente analizada y sabemos que habrá sorpresas ya que los programas sociales cada vez son más y los ingresos menos.

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La legislación mexicana se caracteriza por ser vaga e interpretable en distintas medidas, y basta con hacer una que otra modificación al documento para establecer variantes en la aplicación a favor de la autoridad, eso le permitirá al gobierno incrementar el número de contribuyentes que puede ser sujeto de recaudación, recordemos cómo lograron incorporar a los alimentos procesados al esquema del IVA porque la interpretación cambió para pagar por un servicio de alimentación rápida y no por alimentos, los cuales no están obligados a pagar IVA pero al momento de que se perfila el consumo de un alimento preparado y “servido” para consumo inmediato en una tienda de conveniencia, supermercado u similar, se hace las veces de haberlo consumido en un establecimiento de comida (restaurante) y así se grava el servicio que incluye el producto.

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La economía informal ha sido durante muchos años el gran agujero negro del fisco, primero se ofreció el pago de cuotas fijas para los comerciantes informales, de hecho se estructuró un sistema recaudatorio voluntario y se creó la figura del “pequeño contribuyente” que debía migrar al régimen general de ley, el cual se volvió muy caro en cuanto su operación y dejó muchas lagunas legales que impidieron su efectividad, después se intentó erradicar con el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) y lo que generó fue una sub-economía de dinero líquido que no pasaba por el sistema financiero formal, posteriormente se intentó con la identificación de movimientos en cuentas de depósito (ahorro y de nómina principalmente) y hasta el momento generó mejores resultados.

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Los modelos alternos de generación de ingresos están bajo la lupa de las autoridades, son recursos que han quedado fuera de la observancia fiscal y que pueden generar buenos ingresos al Erario, por ello hay negociaciones formales desde el año pasado para imponer el pago de impuestos directos y/o especiales a las aplicaciones de teléfonos móviles con las que se pueden generar negocios en pequeño, todas aquellas que propicien intercambio de dinero por bienes o servicios ahora son una fuente de potenciales contribuyentes, me refiero a AirB&B-Couchsurfing-HomeAway, Workana-FreelancerFiverr, Didi-Uber-Cabify-Beat-UrbVan, Rappi-UberEats-SinDelantal, Econduce-Mobike-Grin-Moovit-UberJump, Parkeo-EcoParq-iParkMe, Netflix-Spotify-Deezer-AmazonTV y un largo etcétera que facilitan tantos servicios que no están identificados dentro de la economía formal y que al gobierno le interesa recibir parte de sus utilidades, bastará con encontrar una interpretación correcta para “encajar” la justificación del gravamen en el modelo de negocio.

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Uno de los grandes temores es el incorporar al pago de impuestos los alimentos y las medicinas que actualmente no pagan impuesto al valor agregado, esto se traduce en varios millones de pesos que recibiría el gobierno y con ello podría subsanar una gran parte de sus finanzas, sin embargo el costo político de esa decisión afectará la imagen del ejecutivo federal y de las cámaras que lo aprueben, lo que personalmente se me ocurre pueden derivar de la división social que se ha fomentado, ya que los medicamentos de patente que se adquieren en una farmacia de prestigio se pueden catalogar como “fifís” y con ello minimizar un poco el golpe mediático entre la población de bajos o escasos recursos, y los alimentos tendrían una perspectiva similar dependiendo de la exclusividad del establecimiento.

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Otro gran rubro que pudiera estar sujeto a pagar impuestos y contribuir al Erario es el de las colegiaturas que se pagan en las escuelas privadas, con base a la retórica socio-política actual también se podría “justificar” que quienes asisten a una escuela privada es porque pertenecen a los grupos de poder, mafias, fifís u similares y que es un acto de justicia social el cobrarles más por su colegiatura para con ese recurso ofrecer más espacios en las escuelas públicas, sin embargo, habría un alto impacto negativo en una buena parte de la población que hace un esfuerzo por brindar educación a sus hijos dado el poco cupo que tienen las escuelas públicas, lo que podría detonar más financiamientos educativos o becas, y todo esto afectará directamente al matriculado de las instituciones. A estas se puede agregar todas aquellas “Universidades Virtuales” que ofrecen capacitación a bajo costo y que en muchas ocasiones no son instituciones formalmente establecidas y que perfeccionan o complementan el sistema educativo actual.

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Por si esto fuera poco, se rumora una “cacería” férrea a partir del segundo semestre del año para los contribuyentes que no declararon formalmente y para los que presentaron información errónea con base a los registros del SAT ya que el sistema de cruce de información de CFDI es altamente eficiente para identificar ingresos y gastos, entre los principales rubros de observación serán los depósitos en efectivo a cuentas de nómina que pueden ser catalogados como ingresos gravables no declarados por los que deberán pagar impuestos.

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Ya en ideas más complicadas, se me ocurre pensar que por eso también está muy ágil el movimiento en las cámaras para legalizar algunas drogas con las que puedan recaudar impuestos a un nuevo modelo de negocio en cantidades considerables, al menos se tiene conocimiento del análisis de la des-penalización y regulación de la mariguana como primer elemento de esta nueva legislación., esto de acuerdo a diversos teóricos no solo incrementará los ingresos al Erario asumiendo que al igual que el tabaco y los vinos/licores podrían representar el 50% o más del precio que se pague por estos productos, sino que también dicen se reduciría el tema de inseguridad.

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